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Pronunciamiento del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Procesal sobre la necesidad de respetar el principio de independencia del Poder Judicial en el proceso de enjuiciamiento de magistrados.

Buenos Aires, 17 de junio de 2014.

Ante las múltiples comunicaciones cursadas por diversos socios de la Asociación, manifestando su preocupación por el estado de las actuaciones iniciadas contra el Dr. Luis René Herrero (Juez de la Cámara Federal de la Seguridad Social) ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, este Comité Ejecutivo considera necesario reafirmar la importancia del principio de independencia del Poder Judicial, como postulado imprescindible de nuestro régimen democrático y republicano.

Es sabido que la independencia del Poder Judicial constituye uno de los pilares esenciales del debido proceso legal, ya que asegura a la ciudadanía que contará con un juez imparcial que defienda sus derechos, especialmente cuando los mismos sean vulnerados por quien se encuentra a su respecto en una posición de poder. Es por ello que la Corte Suprema ha considerado en más de una oportunidad que el principio de la independencia del Poder Judicial es uno de los cimientos en que se apoya nuestra organización institucional, dadas las atribuciones de control que la Constitución ha asignado a los jueces sobre los restantes poderes del Estado.

Para dotar de eficacia a esa independencia, nuestra Ley Suprema no sólo ha previsto exigencias particulares para la designación de los magistrados (tendientes a evitar la manipulación partidaria directa sobre la integración de los órganos judiciales), sino que -además- consagra un régimen estricto de inamovilidad en sus funciones. Dicha inamovilidad no es un privilegio de los jueces, sino una garantía más para la ciudadanía, que gracias a ella puede confiar en que los jueces aplicarán la ley y la Constitución, sin temor a enfrentar en sus juicios las decisiones adoptadas previamente por los poderes políticos mayoritarios, cuando las mismas se muestren ilegítimas o arbitrarias.

Obvio es señalar que el principio de inamovilidad de los jueces no es absoluto, ya que cede ante el mal desempeño o la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, hipótesis en las que los magistrados pueden ser removidos de sus cargos, previa sustanciación de un proceso de enjuiciamiento regular, dotado de las debidas garantías y resuelto en un plazo razonable.

Ahora bien, de conformidad con una consolidada jurisprudencia de la Corte Suprema, el principio de independencia del Poder Judicial en esta materia impide destituir a un magistrado por el contenido de sus sentencias. Es decir, que nunca puede la acusación a un juez basarse en el cuestionamiento del criterio jurídico que hubiera utilizado para resolver los casos sometidos a su conocimiento. Las partes cuentan para ello con las vías recursivas previstas en la legislación procesal, que permiten enmendar los errores que eventualmente se cometan en este ámbito.

Corresponde siempre recordar estos principios, que llevan a descartar cualquier forma de direccionamiento del poder disciplinario, poder que debe ejercerse en estrictas condiciones de igualdad y sin importar la ideología o criterio jurídico de los magistrados. La sola sospecha de una eventual utilización del sistema de enjuiciamiento de magistrados como instrumento para condicionar su independencia, o para privarlos injustamente de la tranquilidad que requiere el ejercicio de su alta misión institucional, es suficiente para que la ciudadanía y las instituciones que -como la Asociación Argentina de Derecho Procesal- concentran su atención en el estudio de los problemas del servicio de Justicia, eleven una seria advertencia que busque evitar que dicho riesgo se materialice.

Comité Ejecutivo

Asociación Argentina de Derecho Procesal

 

 


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