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Guía temática del XXVIII Congreso Nacional
de Derecho Procesal de Jujuy

 

“Modelos de Justicia: Estado Actual y Reformas Procesales”

 

Congreso Nacional de Derecho Procesal - Jujuy 2015

“Modelos de Justicia: Estado Actual y Reformas Procesales”

 

Comisión 3: Derecho Procesal Constitucional

Crisis del control de constitucionalidad

Procesos colectivos y políticas públicas

El valor del precedente y la seguridad jurídica

 

Es importante resaltar, en todos los casos, que la convocatoria del XXVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal se centra en las reformas procesales, motivo por el cual cada uno de los ejes temáticos debe abordarse desde ese tópico.

Crisis del control de constitucionalidad.
La Argentina, en el plano federal, es tributaria de un sistema de control difuso y concreto. Sin embargo, al ser un país de tradición civilista o continental, ha tomado a medias el modelo creado en los Estados Unidos. Esto supone la existencia de ciertas falencias al no estar complementado el control ejercido - especialmente por los tribunales superiores - con el sistema de los precedentes, lo que arroja numerosas aristas por develar. Por ejemplo, ¿cuáles son los efectos de las decisiones invalidatorias? , ¿ éstas podrían proyectarse más allá de los sujetos que actuaron como parte? ; ¿cómo se concilia la decisión adoptada por la Corte Suprema en el caso “Rizo” con el esquema clásico de control de constitucionalidad, en el que los efectos de la decisión no son derogatorios de la norma impugnada?. Si se propugnara que, en ciertos supuestos, puede darse un control de constitucionalidad que redunde en una suerte de derogación de la norma impugnada, ¿cuáles serían los sujetos legitimados para participar en ese proceso?, ¿ la cosa juzgada sería material?.
La Corte Suprema de la Nación ha efectuado numerosas declaraciones de inconstitucionalidad que parecen proyectar sus efectos más allá del caso que decide, lo que impone investigar si se mantiene el sistema tradicional, cuál es el rumbo adoptado y cuáles las reformas procesales que deberían acompañar al nuevo paradigma que parece asomarse.

Procesos colectivos y políticas públicas.
Desde la reforma constitucional de 1994 la agenda jurídica argentina, en todos sus niveles, ha postergado la regulación de los procesos colectivos. Recién en 2006 con el caso “Mendoza” y en 2009 en el precedente “Halabi”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado los primeros pasos en ese mecanismo de tutela. Ahora bien, más allá de las escuetas regulaciones contenidas en la Ley General del Ambiente y en la Ley de Defensa del Consumidor, el Congreso Nacional no ha logrado acompañar el proceso con una ley que permita tener claro el modo en que deben funcionar esos mecanismos.
La Corte, sin embargo, continuó con el desarrollo del tema llegando a sancionar una Reglamento para el Registro Público de Procesos Colectivos, también creado por ese tribunal. Lo propio ha hecho, por ejemplo, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.
La breve síntesis del tema abre un amplio panorama de trabajo en lo tocante a las reformas procesales. Desde el análisis de los proyectos de ley que no lograron ser sancionados, hasta la postulación de nuevas regulaciones, pasando por el estudio de los institutos del derecho comparado y haciendo pie en un perfil de litigación colectiva deseado, acorde a las necesidades del contexto para el que se lo postule y considerando la incidencia que su uso podría generar en el contexto social.

El valor del precedente y la seguridad jurídica
Los precedentes y su valor en el sistema jurídico es un tema muy poco abordado en la literatura jurídica Argentina.
Implementar un sistema de obligatoriedad de los precedentes importa, liminarmente, introducirse en un mundo al que no estamos habituados. Deconstruir la formación del precedente en un caso concreto y sus notas vinculantes –holding-, despejar aquellas cuestiones superfluas, anecdóticas o colaterales –obiter dictum-, es una tarea plagada de matices y de interrogantes. Tener presente cuándo es operativa la obligatoriedad, horizontal o vertical, en qué casos o bajo que mecanismos ella puede ser eludida y la notoria profesionalización que el sistema exige de los operadores son tópicos que requieren un minucioso análisis.
La creación de las cámaras de casación –Ley 26.853-, la anulación de los fallos plenarios y la ausencia de regulaciones que impongan algún tipo de obligatoriedad en el seguimiento de los precedentes, ante la ausencia de una tradición en ese sentido, puede ser un eje para plantear algún tipo de reforma. También los puntos de tensión existentes, la igualdad en el trato, la libertad de los jueces en el pronunciamiento de sus fallos, el envejecimiento de los precedentes, su vigencia, su proyección, etc.

 

 


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