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Carga de la prueba. Relación de consumo

 

La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón decide un interesante caso de consumo, adquisición de una plaqueta electrónica de control para un lavarropa automático, dando cuenta de las variaciones que pueden existir entre la utilización del concepto de “carga dinámica” o “principio de colaboración” en materia probatoria y sus consecuencias en elación a la suerte de la pretensión.

///la ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, a los un días del mes de febrero de dos mil dieciocho, reunidos en la Sala I del Tribunal, los señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón, doctores José Eduardo Russo y Liliana Graciela Ludueña, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “C.M.F C/ C.D.O. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, y habiéndose practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 266 del Código Procesal Civil y Comercial), resultó que debía observarse el siguiente orden de votación: doctores LUDUEÑA - RUSSO, resolviéndose plantear y votar las siguientes:

 

C U E S T I O N E S

1ra.: ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 323/331?

2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

 

V O T A C I Ó N

A LA PRIMERA CUESTIÓN: la Señora Juez doctora LUDUEÑA, dijo:

I.- Contra la sentencia definitiva dictada a fs. 323/331, interponen recurso de apelación ambas partes, los que libremente concedidos a fs. 339 y fs. 344, son sustentados a fs. 350/352 y fs. 354/359, replicados a fs. 362/364 y fs. 365/366.
La Sra. Juez a quo hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios promovida por M.F.C. contra D.O.C. condenando al nombrado a abonar la suma de $9.460.- con más los intereses y costas.
II.- Se agravia el accionado por la admisión de la demanda en su contra. Se queja de que se tuvo por acreditada la compra de la cosa mueble (la plaqueta electrónica de control para lavarropa automático) en su comercio sin ningún tipo de documentación que respalde su venta, alegando en torno a la responsabilidad del consumidor de exigir la factura correspondiente. Subsidiariamente, argumenta en torno a las posibles causales del mal funcionamiento de la cosa. Finalmente, sostiene que la instancia administrativa que transitó la actora antes del reclamo judicial, implicó un desistimiento a reclamar los daños y perjuicios.
Por su parte, se agravia la accionante por la desestimación de la indemnización pretendida por privación de uso, argumentando en torno a la procedencia de la misma a tenor de la prueba producida. Asimismo, se queja por la cuantía del resarcimiento otorgado en concepto de daño moral, alegando en torno a la afectación anímica y espiritual experimentada como consecuencia del hecho objeto del presente. También se agravia por el monto fijado en concepto de daño punitivo, sosteniendo que el mismo resulta exiguo en atención a la gravedad del hecho y a la conducta ejemplificadora que denota tal concepto. Finalmente, se queja por la tasa de interés dispuesta por la Sentenciante, solicitando que los réditos sean liquidados conforme la llamada tasa activa.
III.- La acción resarcitoria que porta el presente ha sido encuadrada en los términos de los artículos 11, 12 y 40 de la ley 24.240, ya que se pretende una indemnización derivada del incumplimiento de los deberes impuestos por la ley de defensa al consumidor respecto de la garantía legal que posee el consumidor final frente a la adquisición de una cosa mueble no consumible (en el caso, una plaqueta electrónica de control para lavarropa automático) que presenta defectos o vicios de cualquier índole.
Encontrándose cuestionada por el demandado la responsabilidad que se le atribuye en su calidad de proveedor (art. 2 de la ley 24.240), corresponde en primer lugar abordar los agravios esgrimidos en torno a la misma, en especial, lo que respecta al controvertido contrato de compraventa de la cosa mueble, posibilitando así la acreditación de la cuestionada relación vendedor comerciante-comprador.
Sabido es, que a los fines de comprobar el señalado extremo las facturas comerciales (o instrumentos legalmente aceptados en su reemplazo), son la prueba por excelencia del contrato de compraventa mercantil, ya que es un instrumento privado que emana de un comerciante con el cual se describe el objeto de su prestación (art. 474 del Código de Comercio, art. 1145 del C.C.C.N.; Satanowsky, "Tratado de Derecho Comercial", II, 299).
La propia ley de defensa al consumidor señala cuáles son los sendos requisitos que debe cumplir el documento de venta de cosas muebles, al margen de las demás exigencias impuestas por otras leyes o normas (art. 10).
Sin perjuicio de ello, el contrato de compraventa puede ser probado por otros medios de prueba, ya que el mismo es consensual, sinalagmático y oneroso, no exigiéndosele formas solemnes (CHIAROMONTE, José Pedro, El dominio de los bienes muebles. Facturas de compra y otras pruebas, La Ley 1993-D,1, doctrina y jurisprudencia allí citada).
Ahora bien, contrariamente a lo sostenido por la a quo, considero que asiste razón al demandado apelante respecto de la falta de acreditación de la alegada compraventa, es decir, no encuentro debidamente comprobado que la plaqueta electrónica de control para lavarropas automático Candy (identificada con el numero 1030114 Altadio) haya sido adquirida en el local comercial de propiedad de éste.
En tal sentido considero insuficiente a los fines de acreditar dicho extremo las actuaciones llevadas a cabo en la M.M, en especial los instrumentos de fs.188 y fs.197, dado que de los mismos no puede inferirse una aceptación por parte del demandado de la alegada venta; como así tampoco cumple ese cometido la prueba confesional de fs. 156/157, ello sin perjuicio de no haberse cumplido en su producción con las disposiciones contenidas en el art. 409 del C.P.C.C.
Con relación a la única prueba testimonial producida, considero que el testimonio del Sr. A. (fs. 243/244) no resulta convincente, ya que su relato no se condice con lo expuesto por la accionante en su demanda, máxime teniendo en cuenta que la imparcialidad del testigo se podría haber visto afectada por la locación de servicios que lo vinculaba con la actora, la que derivó en un frustrado arreglo del electrodoméstico como consecuencia del alegado mal funcionamiento de la plaqueta en cuestión (art. 456 del C.P.C.C.).
Nótese que en el relato de los hechos la accionante recién incorpora a la persona del testigo, en su calidad de espectador, en la última oportunidad en la que dice haber concurrido al comercio, mientras que éste testifica haber estado presente en todas las ocasiones, incluso el mismo día de la supuesta compra (fs. 64 y 243/244).
Sigo de ello, que resulta llamativo que en el relato de los hechos de la demanda se haya omitido tan trascendente dato –que el testigo estaba presente en el momento de la compra y entrega del producto-, máxime si se tiene en cuenta que la actora carecía de documentación alguna que acredite el contrato.
Aduno a ello, que conforme el relato de los hechos, hubo una actitud negligente de la actora de no requerir un comprobante de la venta que posibilitara la prueba de la misma con la pertinente descripción del producto, lo que no sólo constituía un derecho, sino también un deber como contribuyente en exigir la pertinente factura o ticket de compra (art. 10 de la ley 11683); negligencia que se reiteró al concurrir por segunda vez al local –según sus dichos- y entregar la supuesta plaqueta deficiente sin más, es decir, sin siquiera tampoco exigir un comprobante que acredite tal circunstancia, máxime –reitero- cuando no contaba con la factura correspondiente.
A mayor abundamiento, verifico que tampoco se acreditó el otro extremo que configura la relación de causalidad adecuada a los fines de configurarse la responsabilidad civil del demandado, y que lo constituye –nada más y nada menos- la circunstancia alegada de que la plaqueta electrónica de control para lavarropas automático Candy (identificada con el numero 1030114 Altadio) presentaba un vicio o defecto que imposibilitaba el correcto funcionamiento del artefacto.
En efecto, si bien coincido con la Sentenciante que en materia de derecho del consumidor rige el principio de la carga probatoria dinámica, el mismo no implica la inversión total de dicha carga, sino que la misma resulta “compartida”, es decir, ambas partes tienen la obligación de aportar elementos de juicio al juzgador a los fines de privilegiar la verdad objetiva sobre la formal, posibilitando así la efectiva concreción de la justicia (S.C.B.A., C. 117.760, del 1/04/2015).
En tal sentido, no comparto la decisión de la Sentenciante en tener por acreditado dicho extremo por la aplicación del mentado principio, dado que en el caso el demandado no estaba en mejores condiciones probatorias para acreditar tal circunstancia, desde que tanto la plaqueta electrónica –la que no fue siquiera acompañada como prueba-, como el lavarropas supuestamente averiado, se encontraban en poder de ésta, por lo que no se vislumbra de qué manera o en qué modo podría haber el demandado colaborado en la acreditación respecto del funcionamiento del repuesto.
Aduno a ello, que es de público conocimiento, tal como señala el apelante, que el mal funcionamiento del electrodoméstico se puede deber a múltiples causales, por lo que era necesario acreditar que el vicio o defecto del producto era la que se encontraba presente en la concatenación de los hechos.
Se ha señalado que por amplio que sea el criterio respecto a la obligación de garantía que debe primar cuando se trata del campo de los derechos del consumidor frente al productor, fabricante y/o distribuidor o expendedor, y aun aceptando que la responsabilidad sea objetiva o por el riesgo de la cosa, siempre será indispensable la prueba concreta de la relación de causalidad entre el hecho y el daño, encontrándose la misma en cabeza de la actora damnificada (C. Nac. Civ., sala K, 6/11/2000, JA 2006-IV).
Por todo ello, considero que la accionante ha incumplido con la carga impuesta de acreditar los hechos relevantes que hacen a su pretensión, por lo que propongo acoger a los agravios del demandado, resultando de abstracto tratamiento los vertidos por la actora (art. 375 del C.P.C.C.).
IV.- Como los agravios dan la medida de la competencia de esta Alzada (arts. 260, 261 y 266 CPCC), propongo acoger a los agravios del demandado, revocando la sentencia dictada en el presente, y en consecuencia, rechazando la demanda entablada por M.F.C. contra D.O.C., todo ello con costas de ambas instancia a cargo de la accionante (arts. 68, primer párrafo, y 274 del C.P.C.C.), difiriéndose la regulación de los honorarios profesionales.

Voto, en consecuencia por la NEGATIVA.

A la misma cuestión el señor Juez doctor Russo, por iguales fundamentos votó también por la NEGATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTION, la Señora Juez doctora LUDUEÑA, dijo:

Conforme se ha votado la cuestión anterior, corresponde acoger a los agravios del demandado, revocando la sentencia dictada en el presente, y en consecuencia, rechazando la demanda entablada por M.F.C. contra D.O.C., todo ello con costas de ambas instancia a cargo de la accionante, difiriéndose la regulación de los honorarios profesionales.

 

ASI LO VOTO

El Sr. Juez Dr. Russo, votó en análogo sentido.-

Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:

 

S E N T E N C I A

Morón, 1° de febrero de 2018.-

AUTOS Y VISTOS: De conformidad al resultado que arroja la votación que instruye el Acuerdo que antecede, por unanimidad, se revoca la sentencia de fs.323/331, rechazando, en consecuencia, la demanda entablada por M.F.C. contra D.O.C., todo ello con costas de ambas instancia a cargo de la accionante (arts. 68, primer párrafo, y 274 del C.P.C.C.), difiriéndose la regulación de los honorarios profesionales.

 


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