Jornadas Preparatorias, Guías, Reglamento, etc.

XXVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal

San Salvador de Jujuy

(10 al 12 de septiembre de 2015)

 

COMISIÓN 4: JURISDICCIÓN PREVENTIVA Y DE PROTECCIÓN


-Tema: “Eficacia de la justicia laboral y de la seguridad social”

-PONENTES GENERALES:

-Profesor Leonardo Lubel
-Profesor Luis René Herrero

GUIA PARA LAS PONENCIAS SOBRE EL TEMA: “EFICACIA DE LA JUSTICIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL”

-La justicia de la seguridad social se inserta en el modelo de jurisdicción denominada “protectora” –Adolfo A. Rivas, Roberto O. Berizonce- de “acompañamiento”-Augusto M. Morello- o “proteccional” (otros autores), la cual exhibe un nítido anclaje convencional y constitucional que impone consagrar en los ordenamientos jurídicos internos de los países que integran la comunidad internacional, tutelas procesales diferenciadas o preferentes sobre pretensiones, derechos o situaciones del mismo linaje, considerados “sensibles” y –por lo mismo- menesterosos –al decir de Berizonce- de una protección particularizada por mandato constitucional y convencional.
-La nómina de estos derechos “sensibles”, no se reduce sólo a los derechos sociales (entre los que se destacan los laborales y de la seguridad social), sino que incluye también a los clásicos derechos individuales –derecho a la vida, integridad física, salud, intimidad, identidad, niñez, familia, educación, vivienda digna, etc.- de incidencia colectiva e intereses individuales homogéneos, denominados también de tercera generación –derecho a un ambiente sano, usuarios, consumidores, etc.- a los que podrían agregarse los que Berizonce apoda derechos de la institucionalidad republicana y democrática –a la información pública, a la transparencia, etc.-
-El juez de la seguridad social, fiel a su cometido constitucional de tercero imparcial e independiente (C.N. art. 18), jamás debería perder de vista que encarna en el proceso de la seguridad social la jurisdicción protectora, pues el gélido legislador noventista ha envuelto a este último en una compactas urdimbre ritual, oriunda de la fronteriza jurisdicción dirimente (civil patrimonial, comercial, contencioso administrativa, etc.), capaz de enturbiar su mirada sobre los derechos alimentarios que tiene el deber de resguardar, desviándolo de su cometido convencional y constitucional.
-El segmento de realidad jurídica que el juez de la seguridad social debe conocer como director de esta clase de procesos, activa la “tutela reforzada” que según la gráfica descripción de Berizonce, se confiere a individuos o grupos de personas titulares de derechos especialmente vulnerables –la dignidad humana en general comprometida- que se encuentren en situaciones de desaventajamiento, sea en forma individual o como integrante de grupos postergados, débilmente protegidos, socialmente vulnerables o desfavorecidos.
Esta tutela reforzada, se nutre de tres condimentos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la doctrina especializada han ido delineando en una lenta y fecunda labor de orfebres a través del tiempo:
La categorización del anciano como exponente de un sector vulnerable de la sociedad.
El carácter alimentario que ostenta el derecho en que se funda la pretensión prestacional
La superlativa trascendencia del tiempo en el proceso de la seguridad social
La euritmia entre el proceso y la pretensión prestacional,
El rol del juez proteccional
La tutela cautelar como único instrumento de goce y ejercicio efectivos de los derechos alimentarios en riesgo de sufrir daños

Con relación al primer tema, el Tribunal Cimero ha señalado en Fallos 328: 566 –entre muchos otros- que la calificación constitucional de los ancianos como un grupo particularmente vulnerable, incorpora una regla hermenéutica que no se compadece con la introducción de diferencias que, lejos de protegerlos, desmejoran su posición jurídica. Por ello, reitera, la regla general de acceso a la justica en materia de derechos fundamentales justificaría una tutela más acentuada en el caso de la ancianidad en los términos del art. 75 de la Constitución Nacional, pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector.
También en numerosos precedentes, la Corte ha cimentado la tutela procesal reforzada en materia previsional en el contenido alimentario de los créditos de esta especie, lo que permitía asegurar una mayor eficiencia y celeridad de las decisiones, como asimismo, una “consideración particularmente cuidadosa [por partes de administradores y jueces] a fin de que, en los hechos, no se afecten sus caracteres de integrales e irrenunciables, ya que el objetivo de tales créditos es la cobertura de los riesgos de subsistencia y ancianidad, momentos en la vida en los que la ayuda es más necesaria. Destaca la Corte Suprema que “ … sus titulares son ciudadanos y habitantes que al concluir su vida laboral supeditan su sustento, en principio absolutamente, a la efectiva percepción de estas prestaciones que por mandato constitucional les corresponde.” (Fallos 311: 1644; citado en nuestro voto en la causa “Hussar, Otto c. ANSeS s/reajuste por movilidad”, Sentencia del 27 de septiembre de 1995, comentada por Germán J. Bidart Campos en El Derecho del 11 de diciembre de 1995; ibídem “Itzcovich, Mabel c/ANSeS s/ reajustes varios”, considerando 5° del voto del ministro Ricardo Luis Lorenzetti; Fallos: 328: 566).
También la Corte Suprema puntualizó en la causa “Bombelli, Roberto c/ANSeS s/reajustes por movilidad” (sentencia del 6 de junio de2006), que dado “ … el carácter alimentario, integral e irrenunciable que tienen los beneficios según el art. 14 bis de la Ley Fundamental, no corresponde admitir una comprensión de normas que vuelva inoperante la protección allí establecida …” (v. considerando 5°), como asimismo destacó –en orden a la tutela procesal reforzada- que: “… los principios del derecho previsional deben ser armonizados con las reglas procesales a fin de evitar que una comprensión amplia del referido instituto [la caducidad de instancia] pueda redundar en menoscabo de derechos que cuentan con particular protección constitucional” (considerando 3°)
Con relación al tercer condimento de esta tutela procesal reforzada, la Corte ha puntualizado que el fin “protector” de las prestaciones de la seguridad social, justifica adoptar el criterio que más convenga a la “celeridad” del juicio (Fallos 328: 566, entre muchos otros).
Reiteró su preocupación por la celeridad en los juicios previsionales, en el caso “Enderle, José Carlos c/ANSeS s/reajuste por movilidad” sobre su presentación por retardo de justicia de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social –Sala III-“, publicado en El Derecho del 18/09/2001 y en Jurisprudencia Argentina, 2002-II-4), ocasión en la que expresó: “La defensa en juicio incluye el derecho a obtener un pronunciamiento rápido, dentro de un plazo razonable, pues la dilación injustificada podría implicar que los derechos pudiesen quedar indefinidamente sin su debida aplicación en grave perjuicio de quienes lo invocan.”
En un artículo de doctrina de hace algunos años, destacamos con respecto a la urgencia como atributo valioso de la pretensión previsional, lo siguiente: “La realidad vital o existencial en la cual se desenvuelve el Derecho Procesal de la Seguridad Social, impregna de peculiar urgencia la pretensión prestacional que constituye el objeto del proceso previsional. Es evidente que la tardía prestación jurisdiccional podría irrogarle un daño irreparable a la salud de su titular, no sólo a sus bienes, e incluso provocarle la muerte, lo que sucedería si el auxilio de la justicia llegara demasiado tarde frente al reclamo de una justiciable cuya vida dependiera de un medicamente, de un servicio médico impostergable, etc.” (“La pretensión previsional: ¿Demanda de conocimiento pleno?”, Revista de Derecho Procesal 2004 – 1, Demanda y reconvención, Ed. Rubinzal – Culzoni, pág. 234).
La euritmia entre el rito –o el proceso- y la pretensión procesal de la seguridad social, no representa un anhelo o una promesa que el Estado podría cumplir o abdicar a voluntad, sino un postulado científico insoslayable que Jaime Guasp Delgado tradujo con el genio que se le reconoce, de dos maneras posibles: a) “todo proceso supone una pretensión, toda pretensión origina un proceso, ningún proceso puede ser mayor, menor o distinto que la correspondiente pretensión”; b) “la pretensión puede ser definida como aquella actividad que origina, mantiene y concluye un proceso con su propio nacimiento, mantenimiento y conclusión.”
Y esta euritmia representa un postulado científico insoslayable, reiteramos, porque su desconocimiento importaría la demolición total –si ella existiera hasta ese momento- o la mora del legislador –si tal euritmia jamás existió- del edificio de la “tutela jurisdiccional reforzada o protectora”, cuyo establecimiento por normas de derecho interno grava a los Estados que conforman la comunidad internacional por mandato convencional y constitucional.
El recordado maestro Lino E. Palacio recuerda en uno de sus brillantes artículos de doctrina, que el art. 25 del Pacto de San José de Costa Rica exige que “ … los ordenamientos internos de los Estados adheridos al Pacto, instituyan procedimientos judiciales proporcionales a la mayor o menor entidad de las controversias que se sometan a sus tribunales, de forma tal que la protección de derechos involucrados en conflictos escasamente complejos no se traduzcan en una virtual denegación del servicio de justicia. Ello sucedería v. gr. si el legislador sujetase una pretensión alimentaria o posesoria al trámite del proceso ordinario.” (como sucede en nuestro país con la ley 24.463, acotamos nosotros).
Por el contrario, el proceso previsional vigente –espejo de los derechos sustanciales de la seguridad social– a la luz de su estructura normativa –eficacia- y de su función esencial de satisfacer las pretensiones prestacionales que constituyen su objeto –eficiencia- ofrece al observador apenas el espectro de los derechos alimentarios cuyo goce y ejercicio efectivos debiera garantizar, o, al menos, reflejar en su exacta dimensión ontológica, como predica el célebre maestro florentino.
El artículo 15 de la ley 24.463 establece lo siguiente: “Las resoluciones de la Administración nacional de la Seguridad Social podrán ser impugnadas ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social de la Capital Federal, y ante los juzgados federales con asiento en las provincias, dentro del plazo de caducidad previsto en el art. 25, inc. a) de la ley 19.549, mediante demanda de conocimiento pleno, que tramitará por las reglas del proceso sumario previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con las modificaciones introducidas en la presente ley. La Administración Nacional de la Seguridad Social actuará como parte demandada. Para la habilitación de la instancia no será necesaria la interposición de recurso alguno en sede administrativa.”
La patente inconstitucionalidad de esta regulación es innegable, al someter las pretensiones alimentarias y urgentes de la seguridad social a las reglas del “proceso ordinario” del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (el proceso sumario fue derogado por la ley 25.488).
Tal normativa viola el art. XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los arts. 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica, art. 14 bis y 75 inc. 23 de la C.N. y las citadas Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad (aprobadas por la XIV Cumbre Iberoamericana de 2008), a las cuales adhirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante acordada 5/2009.
En tales condiciones, la tutela cautelar se presenta como el único instrumento de tutela judicial efectiva en el proceso previsional actual, maguer la desafortunada revocación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la nación de la medida cautelares dispuesta en la causa “Márquez, Alfredo Jorge c/ANSeS s/reajustes varios”, por inexistencia de periculum in mora (criterio que se replicó en otras cautelares análogas el mismo día), mediante sentencia de fecha 20 de agosto de 2006.

Se habla del rol del juez protector porque el poder-deber jurisdiccional que ejerce por mandato constitucional, cuyos elementos constitutivos son comunes a todos los jueces por igual (deberes de conducta, funcionales, institucionales, etc.), se impregna de la materia de la cual se ocupa por expreso mandato constitucional (C.N. art. 14 bis; 75 inc. 12; 75 inc. 23).
Dijimos más arriba que el juez de la seguridad social, fiel a su cometido constitucional de tercero imparcial e independiente (C.N. art. 18), jamás debería perder de vista que encarna en el proceso la jurisdicción protectora, pues el legislador noventista lo envolvió en una ingeniosa y perversa madeja ritual (“proceso ordinario”), capaz de nublar su mirada y desviarlo de su cometido constitucional.
Ello acontecería, no sólo si el juez de la seguridad social soslayara el segmento de realidad peculiar en el cual desarrolla su faena, sino también si desatendiera la naturaleza urgente de la pretensión alimentaria objeto del proceso, a la que por mandato constitucional debería satisfacer en forma oportuna y plena en la sentencia, evitando en todo momento y circunstancia su menoscabo durante su transcurso, con el auxilio de las medidas asegurativas a su alcance.
Debemos al doctor Adolfo A. Rivas la sabia distinción entre estas dos modalidades de jurisdicción de linaje convencional y constitucional, a saber: jurisdicción protectora y jurisdicción dirimente.
En el marco de la jurisdicción dirimente (p. ej. civil patrimonial, comercial, contencioso administrativa, etc.) el juez se enfoca a resolver un conflicto común, en el cual se enfrentan sujetos teóricamente iguales que no precisan tutela especial. Se maneja con formas procesales generales en el marco de los procesos de conocimiento en sus distintas modalidades, en los cuales la solución dirimente “permite la consideración de conflictos de toda índole con objetivos no sólo restitutorios del derecho, sino también compensatorios o indemnizatorios.
Por el contrario, cuando el juez practica la jurisdicción protectora –aclara Rivas- se coloca en posición de protector o asegurador de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y abandona –aunque no totalmente- la clásica posición de imparcialidad, asumiendo dicha función casi siempre de puro derecho (p. ej. amparo, medidas cautelares, sentencias interdictales, medidas autosatisfactivas, sentencias anticipatorias, decisiones provisionales, etc.).
Esta “jurisdicción protectora” debe operar –refuerza este jurista- sobre conflictos entre sujetos desiguales o colocados en especiales situaciones en las que el orden jurídico impone brindar especial tutela. Por ejemplo, procesos de familia, alimentarios, de menores, interdictos, habeas corpus, amparos. Se trata de una modalidad operatoria que motiva al juez a obrar con un sentido tuitivo, destinado a lograr la salvaguarda del derecho de la persona privilegiada por el orden jurídico.
A partir de este simple pero obligado emplazamiento –pues la Constitución y la ley así lo prescriben- ningún juez –insolidario o protector, valiente o timorato- puede desnaturalizar la esencia del segmento de realidad en la que desarrolla su faena, sin riesgo de quebrantar al propio tiempo la norma que lo prohíbe, incurriendo –de tal guisa- en una conducta objetivamente reprochable por el Derecho.
Sentada, pues, esta premisa, el juez de la seguridad social, ni bien toma contacto con una pretensión prestacional tendiente a restablecer –directa o indirectamente- la integridad de la “unidad psicosomática de naturaleza biológica, social y familiar en la que consiste su titular”, debe pasar necesariamente por la criba de esta realidad todos los instrumentos legales o judiciales que el Derecho Procesal le proporciona, desechando sin más cualquier ápice frustratorio que bajo el ropaje de tales mecanismos rituales, lesione, restrinja, altere o amenace –C.N. art. 43- el derecho a demandar del acreedor social, lo ponga en peligro de sufrir un daño irreparable, o retarde la pronta obtención del objeto de la aludida pretensión prestacional.”
Este paradigma de magistrado que ejercita la jurisdicción protectora, percibe que la esencia de su augusto ministerio consiste en vincular –al modo de “puente” que enlaza dos lugares aislados por un escollo natural- al justiciable con el derecho de la seguridad social; este juez sabe muy bien que cuando la Constitución Nacional conmina que: “… el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter integral e irrenunciable …”, un tercio de este mandato lo obliga también a él como integrante de uno de los tres poderes en el que aquél se fracciona, de tal suerte que todas las decisiones que emita en el proceso –sustanciales o procesales- deben armonizar inexorablemente, no sólo con el segmento de realidad social que la Ley Suprema le ha encomendado tutelar, sino también con la singular silueta que distingue a las pretensiones prestacionales tributarias de esa realidad.
Para este magistrado, por lo demás, el “control de constitucionalidad” representa el arma letal con que cuenta para aniquilar, cuantas veces fuera necesario, cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino en aras de su cometido constitucional.
La “medida” de sus decisiones jurisdiccionales, por lo demás, estará dada –a menos que descamine su faena- por la especificidad de la “unidad psico-somática de naturaleza biológica, social y familiar, en la cual consiste todo justiciable que litiga en el fuero de la seguridad social y que recurre a él en procura de restablecer la integridad desbaratada por alguna contingencia biológica, patológica o económico social, a través de la pretensión prestacional que hubiere deducido.
Esta criba que mencionamos más arriba –como el utensilio que utilizaban los antiguos ahechadores españoles para limpiar las impurezas del buen grano- lo constituye la jurisdicción protectora para el juez que la encarna y a través de la cual deberá tamizar todos los institutos, figuras jurídicas, reglas y principios rituales que le ofrece el derecho procesal para no descaminar su cometido constitucional con relación a los derechos sensibles que tiene el deber satisfacer y tutelar.
Roberto O. Berizonce nos ofrece una pléyade de técnicas procesales que apuntan a ese objetivo, entre las cuales menciona las siguientes:
Tienden a facilitar el acceso a la justicia (gratuidad de las actuaciones y otros beneficios;
Técnicas de sumarización del proceso en sus varias modalidades (tutelas anticipadas y urgentes, mandatos preventivos, tutela inhibitoria, de remoción del ilícito)
Soluciones autocompositivas;
Operatividad revaluada del amparo;
Amplificaciones de los poderes deberes de los jueces para la mejor ordenación de las causas, la instrucción con fines de esclarecimiento de la verdad (primacía de la realidad), dictado de una sentencia justa en un plazo razonable;
Acentuación de los deberes de colaboración de las partes en la información de los hechos;
Carga dinámica e interactiva de la prueba;
Preclusión elástica de las deducciones y flexibilización del principio preclusivo;
Flexibilización de la congruencia;
Prevención y sanción del abuso del proceso;
Equilibrio en el trámite de ejecución de la sentencia y búsqueda de soluciones consensuadas;
Regímenes específicos para la tutela de los derechos de incidencia colectiva.

La tutela cautelar como único instrumento de goce y ejercicio efectivos de los derechos alimentarios en riesgo de sufrir daños irreparables durante el transcurso del proceso.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA:

-Juan Pedro Colerio, “La ley 24.463 de Solidaridad Previsional: Un instrumento creado para alargar los plazos del proceso y para posponer sine die el cumplimiento de la sentencia”, Ponencia presentado en el XVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal, celebrado en la ciudad de Santa Fe en junio de 1995, Comisión N° 1 Tema: El proceso Justo.
-Roberto O. Berizonce, “La jurisdicción protectora o de “acompañamiento”, Revista de Derecho Procesal, 2014 – 22222 “Jurisdicción y competencia –I Ed. Rubinzal – Culzoni, pág.167 y ss.
-Roberto O. Berizonce, “Técnicas orgánico-funcionales y procesales de las tutelas diferenciadas”, Revista de Derecho Procesal, 2009 – 1, Tutelas procesales diferenciadas, Ed. Rubinzal – Culzoni, p. 29
-Augusto Mario Morello, “La jurisdicción protectora …” en J. A. 1986-II-3005 y ss.
-Augusto Mario Morello, “Jurisprudencia anotada en la jurisdicción de protección o de acompañamiento”, Revista de Derecho Procesal 2004-2, Demanda y reconvención, pág. 380 y ss.
-Augusto Mario Morello, “Un nuevo modelo de justicia”, L.L. 1986-C-800
-Augusto Mario Morello, “El derecho a la vida”, Platense, La Plata, 2002 ps. 59 y ss.; “id” “La vida y el proceso”, comunicación a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, del 15-4-2004
-Augusto Mario Morello, “El tiempo de la justicia”, Revista de Derecho Procesal, 2009 -1, Tutelas Procesales Diferenciadas, Ed. Rubinzal – Culzoni, p. 17
-Jorge W. Peyrano, Precisiones sobre el concepto de tutela diferenciada, Revista de Derecho Procesal, 2009 -1, Tutelas Procesales Diferenciadas, Ed. Rubinzal – Culzoni, p. 21
-Adolfo A. Rivas, “Pautas para el nuevo amparo constitucional”, E.D. 163 pág. 707 y sgts.
-Adolfo A. Rivas, “La jurisdicción anticipatoria y la cosa juzgada previsional”, La Ley Actualidad, 22/02/96
-Adolfo A. Rivas, “Del amparo y la interpretación de la Constitución”, J.A. 1996-III-633
-Lino E. Palacio, “La pretensión de amparo en la reforma constitucional de 1994”, L.L. 1995-D-1243
-Luis R. Herrero, “El hombre como protagonista de la seguridad social”, publicado en el libro “Derechos y Garantías en el Siglo XXI”, Aída Kemelmajer de Carlucci y Roberto M. López Cabana, Directores,, Ed. Rubinzal – Culzoni, pág. 301 y sgts.; “idem”: Derecho del Trabajo, La Ley, Año LIX n°10, Oct. 1999, pág. 2003
-Luis R. Herrero, “La pretensión previsional: ¿Demanda de conocimiento pleno?, Revista de Derecho Procesal, 2004 -1, Demanda y reconvención, Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 225/259
-Luis R. Herrero, “Decisiones oportunas sobre pretensiones urgentes”, E.D. Temas procesales, Director Germán J. Bidart Campos, 30/11/95, pág. 42 y sgts.
-Luis R. Herrero, “Un proceso desajustado a la naturaleza alimentaria de la pretensión previsional”, Revista del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Año 1 –Número 2 – Mayo de 2000, Temas de Derecho procesal, Instituto de Derecho Procesal, Director Académico, Dr. Augusto Mario Morello, pág. 24 y sgts.
-Luis R. Herrero, “El amparo del artículo 43 de la Constitución Nacional: ¿Amparo nuevo amparo reciclado?”, J. A. 03/12/97 pág. 2/30
-Luis R. Herrero, “El derecho a ser oído: eficacia del debate procesal”, Libro Debido Proceso –Realidad y debido proceso –El debido proceso y la prueba-, Ed. Rubinzal – Culzoni, Año 2003, pág. 91/154; “idem”: Lexis Nexis –Jurisprudencia Argentina- 20/08/03 pág.1/30
-Luis R. Herrero, “¿Tutelas o pretensiones procesales diferenciadas? Una mirada descarnada y una propuesta diferente sobre una figura jurídica de contornos evanescentes”,
-Luis R. Herrero, “El Ministerio Público Fiscal en el fuero de la seguridad social a la luz de la reforma constitucional de 1994”, publicado en la Revista del Ministerio Público Fiscal, n. 5, Fiscalía General de Formación, Capacitación y Estudios Superiores, Procuración General de la Nación, Buenos Aires, pág. 156 y sgst.
-Walter F. Carnota, “El amparo previsional en el contexto de la reforma constitucional”, E.D.161-279
-Walter F.Carnota, “De cronogramas, amparos y medidas cautelares”, E.D. 162-67, nota al fallo “Anastasi de Leone, B.E. v. ANSeS”, CFSS Sala III
-Luis R. Herrero, “El derecho procesal de la seguridad social, el proceso organizacional y las nuevas formas de tutela de mérito inmediata y definitiva (autosatisfacción) y provisoria (anticipación”, Lexis Nexis –Jurisprudencia Argentina, 07/11/01 pág. 3/15
-Jorge A. Rojas, “Una cautela atípica”, Revista de Derecho Procesal, Medidas Cautelares, Ed. Rubinzal – Culzoni, pág. 67
-Luiz Gilhermé Marinoni, “La evolución de la técnica anticipatoria y de la tutela preventiva en Brasil”, Revista de Derecho Procesal 2014 – 2, Jurisdicción y competencia, Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 573 y ss.
-Luiz G. Marinoni, “Tutela inhibitoria: la tutela de prevención del ilícito”, E.D. 186-1128
-Juan Monroy Gálvez y Juan Monroy Palacio, “Del mito del proceso ordinario a la tutela diferenciada. Apuntes iniciales”, en Jorge W. Peyrano, Director, y Carlos A. Carbone, Coordinador, “Sentencia anticipada. Despachos interinos de fondo”, Ed. Rubinzal – Culzoni, Santa Fe p. 177)
-Osvaldo A. Gozaini, “Precisiones y pareceres sobre la tutela diferenciada”, en L.L. Suplemento de Derecho Constitucional, Directora Dra. María Angélica Gelli, Ed. La Ley, Buenos Aires págs. 46/47
-Raúl Bazán, “El caso Itzcovich: protección de los derechos sociales y reivindicación del rol institucional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, Debates de Actualidad, Año XX n. 195, Asociación Argentina de Derecho Constitucional, mayo-noviembre de 2005, p. 114
-Silencio de la administración:
-Germán J. Bidart Campos, “El silencio de la administración previsional y el acceso a la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, , El Derecho del 20/08/92, comentario al fallo de la Sala II “Galbusera, Dante C. c. Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles,
-Los derechos de la seguridad y el exceso ritual:
-Andrés Gil Domínguez, “Efectos del procedente Sánchez de la Corte Suprema de Justicia”, La Ley del 20/12/2005, 4 (comenta el fallo de la Sala II de la CFSS “Ibáñez, Máximo c. ANSeS”, sentencia del 08/09/2005).
-Adolfo A. Rivas, “Fallos injustos y disidencia correcta”, J.A. 2006-I-837 (comenta el fallo “Ibáñez, Máximo c. ANSeS”)
-Víctor, Bazán, “Dos visiones del Derecho ante un reclamo previsional”, La Ley T 2006-B-605 (comentario del Fallo “Ibáñez, Máximo c. ANSeS”)
-Germán J. Bidart Campos, “La justicia independiente invalida un decreto de necesidad y urgencia que no era tal y que resultaba inconstitucional”, E. D. del 06/04/95 (comentario al fallo “Elkan, Tomás Tiberio” de la Sala II de la Cámara Nacional de la Seguridad social, que declaró inconstitucional el DNU 2032/94 –el primero después de la reforma constitucional de 1994-
-Carlos I. Salvadores de Arzuaga y Silvia E. M. Stefanini, “De nuevo sobre el derecho a la jurisdicción”, L.L. del 24/08/95 p. 5 (comentario al fallo de la Sala II “Yeri, Fructuoso A. c. Caja Nac. de Prev. para el Personal del Estado y Servicios Públicos” (sentencia del 21/03/94)
-Las medidas cautelares innovativas en el fuero de la seguridad social como único instrumento de tutela judicial efectiva (conocidas como “doctrina Capa”:
-Adolfo A. Rivas, “El caso “Capa” y las nuevas fronteras del derecho procesal”, La Ley, Doctrina Judicial, Dir. Alejandro Borda, Año XXV –Número 50 – 26 de diciembre de 2009 pág. 3548
-Graciela E. Cipolleta, “La batalla entre la norma jurídica, la realidad y la Justicia”, L.L. del 17/05/2010
-Claudio D. Gómez, “Las medidas cautelares innovativas y la tutela judicial efectiva: a propósito del fallo “Capa”, La Ley del 18/11/09 pág. 9
-Tutela reforzada de los derechos de incidencia colectivas (e individuales homogéneos).
-Andrés Gil Domínguez, “La legitimación procesal de los legisladores: Una brisa renovadora que proviene de una jurisdicción constitucional activa y comprometida”, La Ley t. 2001-F- 94 (el autor comenta el fallo de la Sala II de la C.F.S.S. en la causa “Carrió, Elisa y otros c/PEN –decreto 1306/2000 s/incidente”, de fecha 31/05/2001, en el cual se admitió la legitimación procesal de los legisladores nacionales accionantes y se hizo lugar a una medida cautelar de no innovar contra el DNU 1306/2000 mediante el cual el PEN incrementaba la edad jubilatoria de la mujer hasta los 65 años y eliminaba la Prestación Básica Universal del haber jubilatorio).

 


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